Cierto, ciertísimo es que siendo la nómina que numera la servidumbre empleada y asalariada en calidad de administración de El Estado Dominicano, una hoja que superaría el medio millón de personas que obran y perciben una remuneracion en monedas compensada por El Tesoro de las cuentas oficiales dominicanas, la repartición de compromisos formales en torno a la carga que significa empujar la máquina de El Estado, debe haber previsto la asignación de compromisos correspondientes a por lo menos una fracción del número de servidores dispuestos a la carga correspondiente, que sensata y antojadizamente, pudieramos pensar que corresponda a una asignación de hasta, como mínimo, un diez por ciento del total de los nuevos encargados para sufrir el sacrificio de llevar las andas reales, correspondiente, entonces, a unos cincuenta mil operantes que serían aportados como colaboración desde las nóminas de militantes partidarios inscritos en los partidos aliados y la influyente "sociedad civil", que sumaron fuerzas para conquistar los derechos de conducir la barca de El Estado.
Cincuenta mil militantes, activos, en lucha permanente por sus respectivas causas políticas pero sumando esfuerzos en respaldo a las ejecutorias de los nuevos dominios políticos oficiales, constituyen una sustanciosa contribución a la brega por la estabilidad social y política que ha de proponerse la nueva administración del aparato público.
Bien hacen las autoridades nuevas al nombrar esa militancia en posiciones desde las cuales alcancen a irradiar el mejor hacer y el mejor comportamiento en función de las metas e ideales sustentados por los nuevos pensadores gobernantes del recién instalado columnaje que soporta la nueva administración oficial, estatal.
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